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El nuevo proyecto legislativo de la UE para los pagos online protege a los bancos y amenaza el mercado digital

La Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) han demostrado constantemente su respaldo al sector bancario, pero Ecommerce Europe ha pedido a los legisladores europeos que rechacen las Normas Técnicas Regulatorias que se pretenden aprobar.

Según Ecommerce Europe, estas medidas de autenticación del cliente son desproporcionadas y argumenta que no se aprueben hasta medir y entender bien el impacto que esto puede tener en la economía digital. 
 
Ecommerce Europe apoya plenamente la necesidad de abordar y reducir los crecientes niveles de fraude en las transacciones electrónicas, sin embargo, defiende que la propuesta de la Comisión Europea creará cargas excesivas e incómodas para los clientes. Esto creará una gran desventaja entre los ecommerce europeos y extranjeros. 

«Los negocios online dependen de que los procesos de compra y pago de los clientes sean seguros, privados y protegidos. Esto es fundamental para el éxito de cualquier negocio», explicó Marlene ten Ham, secretaria general de Ecommerce Europe, y añadió que «los reguladores europeos están priorizando su objetivo de reducir los niveles de fraude, y esto afecta negativamente a los ecommerce». 

Una parte sustancial del crecimiento del comercio electrónico está siendo impulsada por el rápido incremento del comercio móvil y las soluciones de pagos móviles. Sin embargo, hoy en día algunos consumidores tienden a abandonar el proceso de pago después del primer paso, por lo que una aplicación forzada de métodos de autenticación complejos representan un riesgo fundamental para los comerciantes online. 

Según Ecommerce Europe estas medidas «castigarán» a los ecommerce, especialmente a las PYMEs. 

Since the RTS’ inception, the European Banking Authority’s approach to balancing enhanced security, competition and convenience has been controversial. The EBA’s initial draft envisioned all online transactions above €10 to go undergo enhanced security measures. This clearly demonstrates the EBA’s striking misunderstanding of the digital economy and its sole focus on protecting financial institutions from the risk of fraudulent transactions.

Only after a concerted pan-industry effort did the EBA, against its initial judgement, concede to allow for exemptions to Strong Customer Authentication as mandated under the Level-1 legislation. It is apparent that the European Commission and the EBA continue to punish online merchants and their customers, not the fraudsters, for their bank or Payment Service Provider’s failure to address their own fraud-levels.

 

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