El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a siete empresas de comercio electrónico con un total de 348.000 euros por haber manipulado los precios de sus productos durante la campaña del Black Friday. De acuerdo con el gobierno, las empresas incrementaron los precios días previos a la jornada de rebajas y posteriormente los disminuyeron de manera artificial para simular promociones atractivas, un procedimiento denominado «falsas rebajas».
El departamento que dirige Pablo Bustinduy sostiene que estas acciones infringen el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que exige presentar como precio rebajado el más bajo que haya registrado el producto en los 30 días previos. El ministerio ha valorado la infracción como grave, considerándola como un engaño directo a los consumidores.
De las siete empresas sancionadas, tres han admitido los sucesos y abonado la multa sin recurrirla, mientras que las otras cuatro negaron haber cometido dicho acto. No se han divulgado los nombres de las empresas.
Las irregularidades se identificaron mediante un seguimiento llevado a cabo por la Dirección General de Consumo, que utilizó la herramienta europea Price Reduction Tool, creada para verificar en tiempo real si los precios establecidos durante las campañas de comercio respetan la legislación en vigor.
Alertas sobre descuentos engañosos en las rebajas de verano
Paralelamente, una investigación reciente de la asociación de consumidores Asufin ha descubierto que estas prácticas también se repiten durante las rebajas de verano. De acuerdo a sus datos, productos como ordenadores portátiles, teléfonos móviles o televisores experimentaron un incremento de entre un 1,5% y un 11% en los días previos al comienzo de las promociones.
La entidad señala que la ausencia de claridad en los precios y el uso de herramientas de fijación dinámica crean una «ilusión de ahorro» que no siempre coincide con la realidad.
Desde Consumo y las principales asociaciones, se aconseja a los consumidores realizar una consulta de precios previa, emplear comparadores o herramientas como el Asesor de Precios de la OCU y, en caso de duda, presentar una reclamación formal.
