Google, el gigante tecnológico de Alphabet Inc., se enfrenta a una serie de demandas civiles por un total de más de 12.000 millones de euros, tras acusaciones de abuso de su dominio en los motores de búsqueda, lo que ha impactado en páginas web de comparación de precios en Europa.
Estas solicitudes se corresponden con la histórica sanción de la Comisión Europea en 2017, que sancionó a Google con 2.400 millones de euros por favorecer su propio servicio de compras por encima de la competencia en los resultados de búsqueda.
Demandas millonarias por prácticas desleales
La resolución de la Comisión Europea, que determinó que Google violaba las normas de competencia, generó numerosas reclamaciones adicionales. Pese a que el fallo inicial se emitió en 2017, fue en ese año cuando los magistrados confirmaron definitivamente la sanción, lo que facilitó a los demandantes el inicio de sus reclamaciones sin la necesidad de comprobar de nuevo la infracción.
En total, se han registrado 12 demandas civiles en 7 países europeas, de las cuales nueve exigen un total de 12.260 millones de euros. Las reclamaciones se originan mayoritariamente de páginas web que operan en el ámbito de comparación de precios, quienes acusan a Google de tergiversar la competencia al otorgar prioridad a sus propios servicios en los resultados de búsqueda.
Un precedente histórico de reestructuración del sector tecnológico
Las acciones antimonopolio contra las empresas tecnológicas de gran envergadura poseen un extenso precedente en la historia, evidenciando cómo las resoluciones regulatorias pueden cambiar sectores completos.
El caso contra IBM en 1969 forzó a la compañía a cambiar sus estrategias de negocio, dando paso a nuevas empresas en un mercado que anteriormente estaba controlado por el gigante EE.UU. Igualmente, el ejemplo de Microsoft en la década de los 90, enfocado en la integración de Internet Explorer con Windows, sentó las bases para prevenir que las grandes plataformas tecnológicas emplearan su influencia de mercado para eliminar rivales en otros campos.
Por lo tanto, las actuales demandas contra Google, que suman más de 12.000 millones de euros, siguen el mismo esquema de sanciones regulatorias seguidas de litigios privados. Esto evidencia que las autoridades europeas están definiendo un esquema de acción que trasciende de multas iniciales, generando consecuencias económicas considerables para las compañías infractoras.
Europa lidera la regulación tecnológica global
La Unión Europea se ha consolidado como el modelo mundial de regulación sobre las grandes plataformas tecnológicas. Con su resolución de 2017, la Comisión Europea estableció un precedente jurídico que actualmente permite a las compañías afectadas interponer demandas sin la necesidad de demostrar de nuevo la infracción.
Este enfoque, dividido en dos etapas, la intervención del gobierno y las reclamaciones privadas, ha resultado esencial para potenciar las repercusiones financieras de las infracciones antimonopolio, más allá de las sanciones.
La Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE, que establece rigurosas normativas para las plataformas catalogadas como «guardianes del acceso», como Google, ilustra cómo Europa está generando un marco regulatorio particular para enfrentar los retos que las leyes antimonopolio convencionales no pueden manejar de manera eficiente. Esta tendencia está impactando en otras regiones del planeta, como en EE.UU., donde también se están implementando acciones contra Google por su supuesta supremacía en las búsquedas y la publicidad en línea.
Riesgo financiero de las demandas derivadas
El gran aumento en la cantidad de reclamaciones civiles en respuesta a las penalizaciones regulatorias representa un nuevo reto para Google y otras grandes compañías tecnológicas. Aunque la multa de 2.400 millones de euros representó una sanción significativa, las reclamaciones civiles que superan los 12.000 millones de euros constituyen un incremento de más de cinco veces en la potencial responsabilidad financiera.
Esta transformación, en el escenario de los juicios, evidencia que las grandes corporaciones tecnológicas necesitan reevaluar sus tácticas y prácticas en juego. Además, el creciente uso de financiación de litigios por pequeñas empresas, ha simplificado la formulación de demandas complejas contra los gigantes tecnológicos, tal y como demuestra la demanda de 900 millones de euros presentada en Ámsterdam, respaldada por la compañía LitFin.
En este contexto, las compañías demandantes no solo buscan compensaciones por daños anteriores, sino que demandan sanciones efectivas por los excesos de autoridad. El caso de Idealo, que aumentó su demanda de 500 millones a 3.300 millones de euros demuestra cómo las reclamaciones ahora buscan castigar el comportamiento anticompetitivo constante de Google, incluso después de las acciones regulatorias.
