Una campaña online de Dell le supone una de las mayores crisis de su historia

La multinacional norteamericana, Dell, vendió miles de PC por un precio inferior a los 40€ y ahora no se los quiere entregar a sus dueños. Por ello, ha cancelado y devuelto el dinero a los clientes, que no aceptan esta solución y reclaman su compra, asociándose en plataformas para emprender acciones legales.

Esta situación comenzó el pasado 23 de mayo cuando, por error, aparecieron en la web de Dell ocho modelos de portátiles Inspiron, de gama media y media-alta, por menos de 40 euros, con impuestos incluidos, portátiles que en realidad valen 1.700€. Sin reparar en que era un error, la web de El Chollómetro, especializada en cazar ofertas flash, encontró los precios, enviando la oferta a sus 343.000 seguidores.

Uno de los afectados es Ramón Jiménez, quién asegura sentirse frustrado tras el error de Dell y las pocas explicaciones que dieron a los clientes que cuenta la alerta de la oferta le saltó mientras comía y relata cómo fue: «Quise comprarlo en ese mismo momento, pero la página de Dell estaba colapsada, así que lo seguí intentando durante varias horas, porque la oferta seguía allí, nadie la quitó«, dice. A media tarde consiguió finalizar la compra y se fue a la cama con el pedido confirmado, pagado y con fecha de entrega. «A mí la cancelación me llegó 36 horas más tarde, en un mail estándar en el que solo decían que habían cometido un error«.

La empresa trata de evitar errores de la web, con la opción de “revisar” cada pedido que se hace a través de su tienda online, por la cual «no se formalizará un contrato (…) a menos o hasta que Dell acepte su pedido mediante una confirmación del pedido por escrito«. Sin embargo, la compañía revisó los todos pedidos de portátiles que vendió a precio de saldo, formalizando los contratos, al enviar a cada comprador un mensaje en el que se les informaba de la “confirmación del pedido”.

Facua, la plataforma de Consumidores en Acción dirigida a luchar contra los abusos, solicita la apertura de un expediente sancionador a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde la empresa tiene sede social en España. Además de informar a los clientes sobre sus derechos e impulsar las reclamaciones contra la multinacional estadounidense, con el fin de que se cumplan los contratos de compraventa y se entreguen los aparatos a sus destinatarios, según El Cofidencial.

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