El Senado francés ha aprobado este martes, con 337 votos a favor y solo uno en contra, un proyecto de ley histórico que regula por primera vez en Europa el impacto ambiental y económico de la moda ‘low cost’, con especial foco en empresas como Shein y Temu.
En concreto, la nueva normativa introduce un sistema de puntuación ecológica para cada producto vendido por empresas de moda de bajo coste. Esta puntuación medirá factores como las emisiones generadas, el uso de materias primas y la reciclabilidad de los artículos.
A partir de este 2025, los productos con peores calificaciones podrán recibir un impuesto de hasta 5 euros por prenda, que se incrementará hasta 10 euros en 2030. El gravamen no podrá superar el 50% del precio de venta al público.
Además, el texto prohíbe la publicidad de marcas sancionadas y contempla sanciones para los influencers que las promocionen online. La medida, sin embargo, exime de las sanciones más duras a grandes cadenas europeas como Zara, H&M o Kiabi, lo que ha provocado críticas por su escaso alcance real sobre la industria textil en su conjunto.
Shein carga contra Francia
Shein ha reaccionado duramente tras la aprobación del texto. En declaraciones a Modaes, la compañía china asevera: «Nos preocupa este intento de convertir a Shein y a sus consumidores en chivos expiatorios en Francia«.
La empresa ha expresado su rechazo frontal a la normativa, que considera contraproducente y perjudicial para el poder adquisitivo de las familias francesas. «Esta legislación corre el riesgo de hacer recaer la carga de la sostenibilidad en los consumidores que ya se enfrentan a presiones económicas y de reducir aún más su capacidad de compra«, argumenta la empresa, que ve la medida como una penalización injusta.
Shein también cuestiona las restricciones a la promoción online, apelando a la libertad de expresión y a la falta de proporcionalidad en la respuesta legislativa, en un proceso que comenzó hace más de un año en la Asamblea Nacional.
Críticas ecologistas por un enfoque limitado
Por otro lado, organizaciones medioambientales han lamentado lo que consideran una oportunidad perdida. «El texto se va a centrar en dos marcas y deja fuera el 90% de la ropa que se vende en Francia«, afeó Pierre Condamine, de Amigos de la Tierra Francia. A su juicio, la ley ha derivado en una estrategia de protección económica, lejos del espíritu inicial de sostenibilidad.
Según la agencia ambiental francesa Ademe, en el país se desechan 35 prendas de ropa por segundo, mientras que el valor del mercado de moda rápida ha crecido de 2.300 millones de euros en 2010 a 3.200 millones en 2023.
El proyecto de ley deberá ser revisado en una comisión mixta de senadores y diputados en septiembre y notificado a la Comisión Europea para verificar su compatibilidad con la normativa comunitaria. Si supera estas fases, se convertirá en una de las iniciativas legislativas más ambiciosas en Europa contra el modelo de producción y consumo de la moda rápida.