A mediados de diciembre del pasado 2014, una sentencia formal prohibía a Uber ofrecer sus servicios en nuestro país, tras las reclamaciones presentadas al considerar desleal su competencia. Algunos meses más tarde, en marzo, Uber presentaba en Bruselas una denuncia contra España por parar su servicio de transporte de pasajeros. 

Uber considera que se violaron los artículos 49 y 66 del Tratado de la UE y la directiva comunitaria de comercio electrónico con el bloqueo de la aplicación para móviles UberPOP, que pone en contacto a pasajeros y conductores particulares.

Ahora, la Comisión Europea «ha considerado a trámite la denuncia presentada y ha abierto un procedimiento contra España», solicitando información sobre dicha resolución, anunciaba el jefe de política de Uber en Europa, Mark MacGann, en declaraciones a la agencia EFE. 

En definitiva, se trata del mismo proceso que ha abierto en Europa la startup de San Francisco contra otros países como Francia, Bélgica, Holanda o Alemania, donde también se ha paralizado su actividad. El Ejecutivo comunitario confirmó a Efe que ha «iniciado un diálogo con las autoridades españolas, como ha hecho con otros» países, según fuentes comunitarias, que apuntaron que la CE «busca algunas clarificaciones» y que el diálogo actualmente en curso debería durar al menos a lo largo del resto de 2015.

La empresa lamentó que países como el Reino Unido o Irlanda tengan totalmente reguladas las actividades de Uber, mientras que España cuenta con una «legislación obsoleta» anterior a la popularización de los teléfonos móviles inteligentes, y criticó que en lugar de «modernizar el marco regulador» el país haya optado por proteger «el monopolio de los taxistas».

«La ley debería estar a favor del consumidor», comentó MacGann en referencia a que los europeos se enfrentan a un «mercado fragmentado» que les penaliza en función del país europeo en que hagan uso de los servicios electrónicos.