Comprar online es un hábito tan cotidiano como tomar un café por la mañana. Desde electrodomésticos hasta la compra semanal de alimentos, el e-commerce ha revolucionado la forma en que consumimos. Sin embargo, mientras llenamos nuestros carritos virtuales, pocos sabemos si los derechos que nos protegen como consumidores se están respetando.
La Ley de Servicios Digitales, creada para garantizar estos derechos en las plataformas de comercio electrónico, parece ser más una intención que una realidad, según un informe reciente presentado por Aicar-Adicae.
Un laberinto legal: la falta de transparencia
El informe, que analiza el cumplimiento de la normativa por parte de 25 de las plataformas más populares en España, revela una constante: los incumplimientos son habituales. Aunque algunas plataformas son más «creativas» en su interpretación de la ley que otras, los principales problemas radican en la presentación y accesibilidad de la información al consumidor.
¿Te has sentido perdido buscando los términos y condiciones o las políticas de devolución? No estás solo. Según el estudio, la información a menudo parece diseñada como un laberinto, haciendo difícil para el consumidor encontrar detalles esenciales, como garantías, derechos de devolución o el manejo de datos personales.
El aspecto más alarmante es la falta de protección en torno a los datos personales. En ciertas plataformas, especialmente aquellas que operan con productos provenientes de Asia, los estándares europeos parecen opcionales. La información sobre el uso de datos personales puede ser confusa o incluso inexistente, y en algunos casos, estos datos se ceden a terceros sin establecer límites claros.
Además, los usuarios que desean entender el destino de su información personal enfrentan una tarea casi imposible: deben rastrear políticas de privacidad de cada vendedor, una tarea impracticable para la mayoría.
Traducciones defectuosas y vendedores «fantasma»
Otro problema común es la barrera linguística. Muchas plataformas ofrecen información únicamente en inglés o con traducciones deficientes que complican aún más la comprensión. A esto se suma la aparición de vendedores con nombres que parecen ficticios, lo que dificulta identificar al comerciante real y, por ende, hacer valer derechos básicos.
Uno de los grandes malentendidos es creer que la plataforma de e-commerce siempre es responsable de las operaciones. Sin embargo, en muchos casos, el consumidor está contratando directamente con un tercero. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha establecido el «criterio de influencia» para determinar si la plataforma tiene responsabilidad. Este criterio evalúa si la plataforma fija precios, introduce cláusulas o utiliza activos directamente en la prestación del servicio.
Incluso cuando se establece responsabilidad, las consecuencias suelen limitarse a sanciones administrativas, dejando al consumidor sin una compensación directa.
Este informe no solo expone las carencias de las plataformas, sino también la necesidad de mayor vigilancia y educación del consumidor. Con un e-commerce en crecimiento, la pregunta no es si necesitamos una normativa más robusta, sino cómo podemos garantizar que se cumpla.
Comprar online debería ser tan seguro como hacerlo en una tienda física. Sin embargo, mientras las plataformas no cumplan con la Ley de Servicios Digitales, el consumidor seguirá navegando en un mar de incertidumbre.