El Tribunal Supremo decidirá si Amazon en un operador postal y debe cumplir con las obligaciones inherentes a esta condición o si, por el contrario, al no intervenir en los envíos una vez que los despacha es un mero operador de mercancías.

En un auto fechado el pasado 20 de marzo al que ha tenido acceso la agencia EFE, la sala de lo contencioso estudiará los argumentos de la Abogacía del Estado para determinar si una entidad cuya actividad consiste en preparar y manipular mercancías para su envío postal sin intervenir posteriormente en dichos envíos puede o no ser considerada como prestadora de servicios postales.

En 2020 la Comisión Nacional de Mercado y Competencia (CNMC) acordó iniciar un procedimiento para determinar si concurrían las circunstancias para que Amazon sea considerado operador postal, debido a supuestos indicios de que en su actividad de comercio electrónico, la compañía liderada por Andy Jassy prestaba servicios que tendrían la consideración de servicios postales.

La Comisión resolvió en septiembre de ese mismo año que en las filiales Amazon Spain Fulfillment y Amazon Road Transport concurrían las circunstancias para ser consideradas operadores postales, algo que implicaba algunas consecuencias regulatorias -desde la presentación de la correspondiente declaración responsable para poder ser inscritas, hasta la publicación de los precios aplicados a los envíos-. La Audiencia Nacional concluyó que sólo se había acreditado que hacían tareas de logística y transporte, pero no de paquetería.

La ley española del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (LSPU) señala que una empresa podrá calificarse como «proveedor de servicios postales» cuando su actividad consista en la prestación de al menos uno de estos servicios: recogida, clasificación y distribución de la mercancía.

Para aclarar si Amazon es o no un operador postal, el Tribunal Supremo tendrá que analizar la Ley de 2010 del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y el decreto de 1999 que aprueba el reglamento de prestación de los servicios postales, que desarrolla a su vez la Ley de 1998 del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. También deberá tener en cuenta la norma comunitaria europea de 2018 sobre los servicios de paquetería transfronterizos.

Multa histórica

El otro frente judicial que mantiene Amazon con la Comisión está relacionado con la multa histórica de 194,15 millones de euros impuesta por el organismo a distintas sociedades de los grupos Amazon y Apple por pactar y ejecutar determinadas restricciones de la competencia en el marketplace de Amazon en España que afectan a terceros revendedores de productos Apple y a productos competidores de la firma de la manzana.

A Amazon Services Europe Sarl, Amazon Europe Core Sarl y Amazon EU Sarl se les exigió en conjunto un total de 50,5 millones de euros, y a Apple Distribution International Ltd (Irlanda) y Apple Inc (EEUU) se le reclamaban 128,6 y 15 millones de euros, respectivamente. Según detalló el regulador, ambas empresas acordaron incluir una serie de cláusulas en los contratos que regulan las condiciones de Amazon como distribuidor de Apple que afectaron a la venta de productos la firma de la manzana y de otras marcas en la web de Amazon en España.

Por un lado, restringieron «injustificadamente» el número de revendedores de productos Apple en la web de Amazon en España y, por otro, limitaron los espacios publicitarios donde pueden anunciarse productos competidores de Apple en la web de Amazon en España. Además, aseveró la CNMC, limitaron la posibilidad de que Amazon dirija campañas de marketing a clientes de productos de Apple en su web en España para ofrecerles productos competidores de otras marcas.