El Parlamento Europeo ha aprobado una serie de medidas que retrasan y flexibilizan normativas clave en materia de sostenibilidad corporativa, incluida la controvertida Ley de Cadenas de Suministro.
La decisión forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Comisión Europea bajo el nombre de “Simplification Omnibus”, destinada a reducir las cargas regulatorias sobre las empresas europeas, en respuesta a presiones crecientes desde el sector industrial.
Aplazamiento de obligaciones de sostenibilidad
Una de las decisiones más relevantes es la postergación de las obligaciones de reporte en sostenibilidad para la mayoría de las empresas europeas. Las nuevas reglas, que debían entrar en vigor para muchas compañías ya en 2025, se aplicarán ahora a partir de 2027, con los primeros informes exigidos en 2028.
Esta prórroga afecta principalmente a:
- Empresas con menos de 500 empleados.
- Grandes empresas que no son consideradas entidades de interés público.
Las grandes corporaciones con obligaciones previas seguirán sujetas a los requerimientos actuales este mismo año.
Objetivo: proteger la competitividad europea
La iniciativa responde a las quejas del sector industrial, que advierte que las empresas europeas están en desventaja frente a competidores en países como China o Estados Unidos. Allí, según el informe de Reuters, el expresidente Trump ha comenzado a desmantelar regulaciones ambientales y aplicar aranceles proteccionistas, mientras la UE avanza con exigencias más estrictas.
Además, la Comisión propone en futuras negociaciones elevar el umbral de aplicación de las reglas de sostenibilidad, de modo que solo se apliquen a empresas con más de 1.000 empleados, lo que dejaría fuera del marco legal hasta el 80% de las empresas inicialmente incluidas.
Ley de Cadenas de Suministro también se aplaza
En paralelo, el Parlamento votó también por retrasar en un año la entrada en vigor de la Ley de Cadenas de Suministro, que tenía como objetivo obligar a grandes empresas a identificar y prevenir abusos en derechos humanos o impactos ambientales en sus cadenas de producción. La ley, originalmente prevista para entrar en vigor antes, será ahora aplicada a partir de 2028.
También se plantea una modificación de fondo: las empresas podrían realizar evaluaciones de riesgos en sus cadenas de suministro cada cinco años, en lugar de anualmente, como se establecía en la versión original.
Las reformas fueron respaldadas principalmente por los grupos parlamentarios conservadores y liberales. En cambio, los partidos progresistas y varios inversores y activistas medioambientales criticaron el proceso acelerado y la dirección de las reformas. Temen que la «simplificación» se traduzca en una desprotección efectiva de derechos fundamentales y en una debilitación de la rendición de cuentas corporativa.
René Repasi, jefe de la delegación socialdemócrata alemana (SPD), acusó a los defensores del procedimiento rápido de querer eludir los debates sustantivos en las comisiones especializadas. Daniel Caspary, eurodiputado conservador (CDU), celebró la decisión como una victoria contra la burocracia: «Vamos a reducir significativamente las obligaciones de reporte para empresas pequeñas, medianas y grandes», afirmó.
Aunque los países miembros ya han expresado su apoyo a los aplazamientos, aún se requiere una aprobación formal final, que se considera una mera formalidad. Después de eso, comenzarán las negociaciones sobre los cambios estructurales propuestos, tanto en las normas de sostenibilidad como en la ley de debida diligencia corporativa.
