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Bruselas obliga a España a reducir en 400 millones de euros las ayudas a Correos

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UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte, ha logrado que el Gobierno de España reduzca en 400 millones de euros la subvención que recibe Correos para realizar el llamado Servicio Público Universal (SPU) durante el periodo 2011-2020. En concreto, ante las continuas denuncias realizadas en Bruselas por la mencionada patronal junto con ASEMPRE, la patronal española de empresas prestadoras de servicios postales universales, la Comisión Europea ha ofrecido al estado español un pacto consistente en no iniciar un expediente de infracción, a cambio de que auto-recorte de forma inmediata las ayudas ofrecidas al operador público que considera ilegales. Este procedimiento sería el equivalente en nuestra normativa a un de Acuerdo de Terminación Convencional impropio porque no han seguido las formalidades del mismo, pero los efectos son iguales.

Esta decisión evita que España vuelva a ser señalada en Europa por favorecer prácticas de competencia desleal en el sector postal y de paquetería en un momento en el que necesita transmitir credibilidad en la gestión de las cuentas públicas. En concreto, el estado español había asignado a Correos 1.680 millones de euros para el período comprendido entre 2011 y 2020, pero la Comisión Europea acepta como tope máximo, solamente 1.280 millones. De ahí salen esos 400 millones. No obstante, esta cantidad también está pendiente de revisión por parte de la CNMC que podría reducir aún más a la baja este importe debido a las numerosas advertencias que viene realizando en los últimos años a Correos.

Para este mismo año, el operador público sólo podrá contar con 61 millones de euros públicos para realizar el SPU porque, según las cuentas públicas comunicadas a la Comisión Europea, ya ha gastado 1.219 millones.

Al mismo tiempo, según informa UNO y ASEMPRE, se trata de la primera vez que la Comisión Europea declara públicamente que los importantes descuentos realizados por Correos a grandes clientes, realizados por debajo de costes, no pueden ser compensados por el dinero público que recibe para realizar el SPU, como ya dijo hace unas semanas la propia CNMC.

Esta Decisión del Colegio de Comisarios de la Comisión Europea también obliga al estado español a notificar previamente en este año las ayudas que va a entregar a Correos para el periodo comprendido entre el año 2021 y el 2025. Esta orden debería suponer, según apuntan desde UNO, la aprobación de un plan concreto de prestación de servicios y de contabilidad analítica de Correos, lo cual está pendiente desde el año 2011.

Esta noticia ha sido recibida con enorme satisfacción por parte del sector ya que “limita que Correos siga compitiendo dopada con dinero público con las empresas privadas”. Tanto UNO como ASEMPRE han manifestado que “nunca hemos perseguido que se sancione al estado español, sino que se limitaran las excesivas ayudas públicas y que no se pagara con el dinero de todos los españoles las pérdidas provocadas por los descuentos excesivos que aplica Correos a sus grandes clientes, lo cual le permite trabajar por debajo de coste. Las empresas privadas del sector postal y de paquetería llevamos padeciendo en España desde hace años una injusta competencia desleal que se ha traducido en el cierre de numerosas empresas pequeñas porque no podían competir con un operador que actuaba permanentemente fuera de la ley de manera impune”.


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Laura Quelle

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