El Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por Elite Taxi con respecto a la regulación de las licencias VTC en España.

El gremio de taxistas solicitó que Uber y Cabify saliesen del proceso que la CNMC presentó ante el Tribunal Supremo el pasado mes de julio, en el que se pide la modificación del Real Decreto 1057/2015, del 20 de noviembre y la Orden FOM 2799/2015, de 18 de diciembre, sobre la regulación del alquiler de VTC (Vehículos de Transporte con Conductor).

Según la Comisión, “la normativa recurrida regula la actividad de empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) e impone límites a esas empresas en cuanto a las licencias que pueden obtener y exigiendo requisitos materiales (flota mínima, potencia y dimensiones de los coches, etc), entre otras medidas.

Las citadas barreras limitan la entrada y la capacidad de competir de los vehículos de alquiler con conductor (VTC); reducen la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros; y afectan negativamente a los precios, la calidad, la innovación y, en definitiva, al bienestar general. La pérdida anual en el bienestar de los consumidores ocasionada por las restricciones impugnadas asciende, como mínimo, a 324,3 millones de euros al año”.

El Tribunal Supremo rechazó la expulsión de Uber y Cabify del proceso al considerarse que no son propietarios de las licencias VTC, sino intermediarios entre usuarios finales y conductores, los titulares de esas licencias.  Tras la decisión del Supremo las dos partes del proceso judicial lo conforman la CNMC, con Unauto, la asociación profesional que engloba a las VTC), Cabify y Uber, y el Ministerio de Fomento con asociaciones de taxistas.

En julio de 2013 el Gobierno de España modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) para fijar la limitación de una VTC por cada 30 taxis, límite que ya existía en nuestro país antes de la Ley Ónmibus, firmada en diciembre 2009, que liberalizaba el sector del transporte. Además, en noviembre de 2015, la LOTT se completó con el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, o ROTT. El problema subyace en que Cabify y Uber solicitaron las nuevas autorizaciones entre julio de 2013 cuando se modificó la LOTT, y  noviembre de 2015 cuando se complementó con el ROTT, por lo que dependiendo de cada Comunidad Autónoma se está determinando si concederlas o no.