Italia se dispone a endurecer el control sobre la moda ultrarrápida con un gravamen específico y nuevas obligaciones ambientales y de trazabilidad para los fabricantes y distribuidores que operan en su mercado.

La medida, alineada con la directiva europea de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), figura en un paquete legislativo que el Gobierno ha puesto a revisión parlamentaria y que podría votarse en las próximas semanas, según han confirmado fuentes del Ejecutivo y del sector.

El impulso regulatorio llegó tras una reunión en Roma entre el ministro de Empresas y «Made in Italy», Adolfo Urso, y los presidentes de la Camera Nazionale della Moda Italiana (Carlo Capasa), Confindustria Moda (Luca Sburlati) y Altagamma (Matteo Lunelli), entre otras asociaciones. En el encuentro, la industria planteó al Gobierno un texto para atajar la entrada masiva de productos de bajo coste y reforzar la legalidad en la cadena de suministro. El Ministerio ha publicitado que el «Sistema Italia» avanza unido en la defensa del “Made in Italy”.

¿En qué consiste el plan?

El borrador prevé un recargo económico para los artículos identificados como “ultra fast fashion” —especialmente los que llegan vía plataformas de comercio electrónico— y obligaciones de RAP para cubrir los costes de recogida, clasificación y reciclaje de los residuos textiles al final de su vida útil. El diseño se coordina con la revisión en curso de la normativa europea, con el objetivo de que los productores —incluidos los locales— internalicen el coste ambiental de sus productos.

Aunque los detalles finales pueden variar en el trámite parlamentario, el Ministerio y las patronales han subrayado que la prioridad es proteger la competencia leal y elevar los estándares de trazabilidad y legalidad después de varias investigaciones sobre irregularidades en talleres subcontratados. Organizaciones sectoriales como la CNMI y Altagamma han respaldado la dirección de la medida y alertado del daño que causa la avalancha de artículos de calidad muy baja a precios ínfimos.

Italia sigue así la estela de Francia, primer país europeo en aprobar este año un marco fiscal y de restricciones para la moda ultrarrápida. La ley francesa —conocida popularmente como “anti-Shein”— contempla un recargo por prenda que crecerá progresivamente (hasta 10 euros en 2030) y la prohibición de publicidad para estas marcas, entre otras medidas ambientales y de información al consumidor. El texto superó con un apoyo abrumador el trámite parlamentario en junio.

Si se aprueba, el gravamen italiano afectará tanto a importaciones como a productores establecidos en Italia que encajen en la definición de “ultra fast fashion”. En la práctica, los grandes ‘marketplaces’ y plataformas de moda ultrarrápida —señaladas por su alta rotación de referencias y precios muy bajos— verían encarecerse la entrada de mercancía y tendrían que asumir costes de gestión de residuos. Al mismo tiempo, el Gobierno anticipa un refuerzo de la vigilancia sobre prácticas laborales y de etiquetado para evitar el uso engañoso de reclamos como “Made in Italy”.

El paquete legislativo se discute en el Senado dentro de la actualización de la RAP textil. La tramitación fijará la definición operativa de “ultra fast fashion”, los umbrales de recargo, el calendario de entrada en vigor y el régimen sancionador. La industria italiana ha pedido celeridad y un marco claro y aplicable que alinee al país con la respuesta europea al fenómeno.