Un juez federal resolvió este martes una de las grandes incógnitas sobre el futuro de la compañía tecnológica: Google podrá conservar su popular navegador Chrome. Sin embargo, el fallo viene acompañado de una orden provisional sobre sus prácticas comerciales para evitar conductas anticompetitivas.

Un fallo que busca un mercado más equitativo

El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Amit P. Mehta, comunicó que Google no tendrá que vender Chrome ni desmembrarse, contradiciendo así la petición del Departamento de Justicia (DOJ). No obstante, para limitar el poder monopolístico de la compañía, el magistrado prohíbe que Google firme acuerdos exclusivos que vinculen la distribución de la Búsqueda, Chrome, el Asistente de Google o Gemini a otras aplicaciones o contratos de ingresos. Por ejemplo, Google no podrá condicionar las licencias de Play Store a la inclusión de ciertas aplicaciones.

«Los demandantes se extralimitaron al solicitar la desinversión forzosa de estos activos clave, que Google no utilizó para imponer restricciones ilegales», señaló Amit P. Mehta.

Además, Google tendrá que compartir su “tesoro de datos”, ofreciendo tanto información de los índices de búsqueda como datos de interacción de los usuarios a “competidores calificados”. También deberá facilitar servicios de búsqueda y de sindicación de anuncios a sus rivales a precios estándar y sin discriminación.

La sentencia definitiva aún no está lista: Mehta ha citado a Google y al DOJ a reunirse y presentar una propuesta conjunta. El fallo final se conocerá el 10 de septiembre. Una vez determinadas las medidas, se establecerá un comité técnico para supervisar su ejecución durante seis años, que entrarán en vigor 60 días después de su formalización.

Reacción del mercado

Con esta decisión, Google cierra una etapa de tensiones en torno a la posibilidad de que se alterara su modelo de negocio. En 2020, el DOJ presentó una demanda antimonopolio que pedía sanciones más severas, incluida la venta forzosa de Chrome y Android. El proceso también ponía en riesgo los acuerdos multimillonarios con Apple, Samsung y otros socios, a los que Google pagaba para garantizar que su motor de búsqueda fuese la opción predeterminada.

El fallo supone también un alivio para Apple y otros fabricantes, que podrán seguir recibiendo pagos de Google por compartir ingresos publicitarios derivados de las búsquedas en sus dispositivos. Google paga a Apple alrededor de 20.000 millones de dólares anuales, según datos de Morgan Stanley. Mehta añadió que prohibir esos pagos es aún menos necesario en un momento marcado por el auge de la inteligencia artificial, donde competidores como ChatGPT de OpenAI «representan una amenaza a la primacía de la búsqueda tradicional en Internet».

Tras conocerse la noticia, las acciones de Alphabet —matriz de Google— subieron un 6% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

EE. UU. frente a Europa

Durante la audiencia celebrada en abril, el juez Mehta señaló que tendría en cuenta la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea para orientar la resolución del caso.

Ahora, con esta decisión, algunos analistas —como el profesor William Kovacic, citado por TechCrunch— apuntan que la DMA podría servir de referente, ya que ofrece reglas claras y “descriptivas” para regular a las grandes tecnológicas, evitando así litigar caso por caso como ocurre en Estados Unidos. La reflexión queda abierta: ¿es más eficaz imponer normas fijas de antemano, o confiar en resoluciones judiciales individualizadas? ¿Y hasta qué punto lo que Europa está aplicando podría trasladarse al contexto estadounidense y ser aceptado por Google?