Meta anunció que, a partir de octubre, suspenderá la venta y difusión de anuncios políticos en todos los países de la Unión Europea. La decisión responde a los nuevos requisitos establecidos por la legislación comunitaria sobre publicidad política, según reporta TechCrunch.
La normativa en cuestión, conocida como Reglamento sobre la Transparencia y Orientación de la Publicidad Política (TTPA), fue aprobada en 2024 y establece nuevas exigencias para las plataformas que difunden este tipo de contenido. Entre ellas, se requiere que los anuncios sean claramente identificables como políticos, que se detalle quién los financia, su objetivo electoral, el coste de la campaña y los criterios de segmentación utilizados.
Además, el reglamento prohíbe el uso de ciertos datos personales sensibles —como origen étnico, opiniones políticas o creencias religiosas— con fines de orientación publicitaria, y obliga a obtener el consentimiento explícito del usuario para emplear su información en este contexto.
Meta expresó que estas obligaciones suponen una complejidad operativa y una incertidumbre legal que dificultan el cumplimiento efectivo de la normativa. Según la empresa, se evaluaron distintas alternativas, pero finalmente se optó por dejar de ofrecer anuncios políticos en lugar de modificar sus servicios de manera que, en su opinión, resultarían ineficaces tanto para anunciantes como para usuarios.
“Estamos ante una situación donde la regulación, aunque bien intencionada, termina restringiendo productos que los ciudadanos utilizan y valoran, lo que limita la competencia y la libertad de elección”, señaló Meta en su blog oficial.
Google también tomó una medida similar, anunciando que cesará la venta de anuncios políticos en la UE antes de que entre en vigor el reglamento. Ambas compañías coinciden en que las nuevas reglas plantean serios desafíos técnicos y legales.
Esta medida se suma a un contexto de creciente tensión entre las grandes plataformas tecnológicas y la Unión Europea, que en los últimos años ha impulsado distintas normativas para regular el mercado digital, la inteligencia artificial, la protección de datos y la competencia.
