El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado de forma definitiva la multa de 4.125 millones de euros impuesta a Google por las prácticas anticompetitivas relacionadas con su sistema operativo Android. La sentencia pone fin a un largo proceso judicial iniciado hace más de una década y respalda la actuación de la Comisión Europea frente al gigante tecnológico.

Con esta resolución, el alto tribunal europeo desestima el recurso presentado por Google y su matriz, Alphabet, y avala la decisión del Tribunal General de la UE, que en 2022 ya había reducido ligeramente la sanción original de 4.343 millones de euros, pero mantuvo la existencia de abuso de posición dominante.

Android favoreció los servicios de Google frente a la competencia

El origen del caso se remonta a 2015, cuando la Comisión Europea abrió una investigación para analizar las condiciones que Google imponía a los fabricantes de dispositivos Android.

Bruselas concluyó que la compañía obligaba a los fabricantes que querían incluir la tienda Google Play a preinstalar también Google Search y el navegador Chrome, dificultando así la presencia de motores de búsqueda y navegadores rivales. Además, la empresa imponía restricciones que limitaban el desarrollo y comercialización de versiones alternativas de Android y firmaba acuerdos económicos con algunos fabricantes para que no instalaran servicios de búsqueda de la competencia.

El TJUE considera que estas prácticas reforzaron de forma ilegal la posición dominante de Google en el mercado de las búsquedas online y redujeron las posibilidades de competir para otras empresas del sector. La sentencia también confirma que el conjunto de estas actuaciones constituye una infracción única y continuada de las normas europeas de competencia.

Un precedente para la regulación de las grandes tecnológicas

La decisión supone una de las mayores victorias de la política de competencia de la Unión Europea frente a las grandes plataformas digitales. La multa por Android sigue siendo una de las sanciones antimonopolio más elevadas impuestas por Bruselas y se suma a otras multas multimillonarias que Google ha recibido durante la última década por sus prácticas en los mercados de búsqueda y publicidad digital.

Aunque Google asegura que modificó sus políticas de licencias para Android tras la decisión de la Comisión en 2018, la sentencia consolida el criterio jurídico europeo sobre el abuso de posición dominante en los mercados digitales y servirá como referencia para la aplicación de la Ley de Mercados Digitales (DMA), que ya obliga a las grandes plataformas a abrir sus ecosistemas y garantizar una competencia más equilibrada.

Organizaciones de consumidores como BEUC (Asociación Europea de Consumidores) han celebrado el fallo al considerar que refuerza la protección de la competencia y demuestra la necesidad de actuar con mayor rapidez frente a los abusos de las grandes tecnológicas.