El Gobierno de España prepara una reforma legal que prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y reforzará la responsabilidad de las plataformas digitales en la retirada de contenidos de odio e ilegales. Así lo anunció ayer el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái.
La propuesta, que será elevada al Consejo de Ministros en los próximos días, introduce un cambio significativo en el marco regulatorio que afecta directamente a redes sociales, servicios digitales y grandes plataformas tecnológicas que operan en el mercado español.
Verificación de edad obligatoria
Uno de los pilares del plan es la exigencia de que las plataformas implanten sistemas eficaces de verificación de edad para impedir el acceso de menores de 16 años a redes sociales. Esta obligación supondrá un reto técnico y operativo para las compañías, que deberán desarrollar soluciones capaces de cumplir con la normativa sin vulnerar la privacidad de los usuarios.
El Ejecutivo considera que la autorregulación de las empresas no ha sido suficiente y que es necesario un marco más estricto para proteger a los menores frente a contenidos nocivos, adicciones digitales y prácticas de manipulación.
Más presión legal sobre las plataformas
La reforma contempla la posibilidad de perseguir a las plataformas que no retiren contenidos de odio o ilegales, así como la responsabilidad directa de sus directivos en caso de incumplimiento. Además, se prevé la creación de sistemas de rastreo y medición de la difusión de estos contenidos, lo que el Gobierno denomina una “huella de odio y polarización”.
También se plantea tipificar como delito determinadas prácticas relacionadas con la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilícitos, una cuestión especialmente relevante para compañías basadas en modelos de recomendación y publicidad programática.
Impacto en el ecosistema digital y comercial
Aunque las medidas se centran en redes sociales, su alcance podría extenderse a otros servicios digitales con componentes sociales, incluidos marketplaces, plataformas de contenido y aplicaciones con interacción entre usuarios.
Para el sector ecommerce, el anuncio refuerza la tendencia hacia un entorno regulatorio más exigente, en el que las empresas deberán invertir en cumplimiento normativo, sistemas de control y gobernanza de contenidos, especialmente si sus servicios incorporan funciones sociales o espacios de interacción.
Próximos pasos
El Gobierno avanzará en las próximas semanas los detalles del texto legal y su calendario de tramitación parlamentaria. Mientras tanto, se espera que el anuncio genere debate entre empresas tecnológicas, asociaciones del sector digital y expertos en privacidad y derechos digitales.
La iniciativa se suma a otros movimientos en el ámbito europeo orientados a reforzar la protección de los menores y a aumentar la responsabilidad de las grandes plataformas en el entorno digital.
