El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una reforma significativa de las normas del IVA, adaptándolas a la realidad digital y combatiendo desigualdades competitivas. La medida, aprobada con 589 votos a favor, 42 en contra y 10 abstenciones, pretende eliminar distorsiones en el mercado y reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Uno de los principales cambios prevé que, hasta 2030, las plataformas en línea sean responsables del pago del IVA por los servicios ofrecidos a través de ellas, en los casos en que los proveedores individuales no lo cobren. Esta medida busca corregir una desigualdad que ha favorecido a los servicios digitales en comparación con los tradicionales, especialmente en los sectores del alojamiento de corta duración y el transporte de pasajeros.

No obstante, los Estados miembros podrán eximir a las pymes de esta obligación, una propuesta que contó con el apoyo del Parlamento.

Otro eje fundamental de la reforma es la digitalización total de las obligaciones de declaración del IVA para transacciones transfronterizas. Para 2030, las empresas deberán emitir facturas electrónicas y comunicar automáticamente los datos a las autoridades fiscales, permitiendo una lucha más eficaz contra el fraude fiscal y aumentando la transparencia del sistema.

Para reducir la burocracia y simplificar la vida de las empresas, la reforma también amplía el sistema de ventanilla única del IVA en línea. Así, un mayor número de empresas que operan internacionalmente podrá cumplir con sus obligaciones fiscales a través de un único portal y en un solo idioma, reduciendo costos administrativos y haciendo el proceso más eficiente.

Esta revisión de las normas del IVA ha sido planificada durante más de dos años. En diciembre de 2022, la Comisión Europea presentó el paquete «IVA en la era digital» (ViDA), que incluyó tres propuestas, entre ellas la actualización de la directiva del IVA de 2006. Según estimaciones de la Comisión, la nueva legislación permitirá a los Estados miembros recuperar hasta 11.000 millones de euros anuales en ingresos de IVA perdidos. Las empresas también se beneficiarán, ahorrando alrededor de 4.100 millones de euros anuales en costos de cumplimiento y 8.700 millones de euros en costos administrativos y de registro a lo largo de una década.