Hace unos días, la casa de apuestas online miapuesta.com, perteneciente al grupo Sportingbet PLC, tuvo que suspender temporalmente su actividad debido a la medida cautelar que tomó el juzgado de lo mercantil número 10 de Madrid.
Una decisión provocada por las demandas interpuestas por el Grupo CODERE, multinacional española que gestiona terminales y salas de juego, frente a varias entidades de juego online. El juzgado esgrime en su texto que “cualquier actividad de juego de azar y apuestas que no cuente con previa autorización administrativa está, incuestionablemente prohibida”. Según informó el propio grupo CODERE, el Juzgado considera ilegales las actividades de oferta y explotación de juegos de azar y apuestas por medios remotos, Internet en especial, tanto las realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Juego, el pasado 29 de mayo 2011, como con posterioridad a la misma, al ser desarrolladas careciendo de licencias expedidas en España y contra las prohibiciones vigentes.
Unas denuncias que para miapuesta.com “forman parte de una estrategia comercial por parte de esta compañía española de juego offline -que también ha solicitado una de las nuevas licencias para operar online- con el único objetivo de limitar su competencia y desestabilizar el mercado en el momento previo a la expedición de estas nuevas licencias”, explicando en un comunicado que la propia miapuesta.com “es una de las compañías de las que han presentado su solicitud para la concesión de una de las nuevas licencias de juego online, cuya solicitud se encuentra aceptada por cumplir con todos los requisitos establecidos por el organismo regulador y conforme para su aprobación”.
Por todo ello, la compañía anunció que va a recurrir esta decisión, manteniendo además su firme apuesta e inversión en el mercado español, previendo retomar su actividad tan pronto obtenga la licencia por parte de las autoridades. Unas licencias, que según fuentes del sector, se estiman quw puedan comenzar a entregarse a mediados del mes de mayo, aunque posiblemente los plazos se apuren al máximo por parte de la administración.
