Amazon ha activado sus alertas en Cataluña. La empresa multinacional estadounidense ha establecido la sostenibilidad como uno de sus fundamentos estratégicos. Anticipaba que el decreto de renovables que gestionaba el gobierno catalán fortalecerá legalmente su iniciativa de autoconsumo energético en El Far d´Empordà (Girona). No obstante, el cambio político liderado por ERC y Junts per Catalunya, quienes han anulado la regulación impulsada por el presidente Salvador Illa (PSC), ha incrementado la duda respecto a esta inversión innovadora.

La normativa, que decaerá oficialmente el próximo lunes debido a la falta de respaldo parlamentario, consideraba proyectos como el de Amazon de interés público superior. Esto facilitaba superar obstáculos burocráticos originados por regulaciones urbanísticas municipales, muchas de ellas anticuadas en relación al desarrollo de energías renovables en áreas industriales. Este respaldo extra podría acelerar procesos como la implementación de baterías o la adquisición de licencias en municipios, particularmente en contextos como el de El Far d’Empordà, gobernado por ERC.

El giro político no ha sido bien acogido en la industria. Según declaraciones recogidas por El País, Víctor Cusí, presidente de EolicCat, lamenta la caída del decreto, ya que considera que resolvía aspectos técnicos clave como la regulación del almacenamiento energético. El decreto enriquecía la legislación vigente y transcribía directivas europeas ya en vigor. Proyectos como el de Amazon pueden continuar avanzando, pero esta norma eliminaba barreras.

Fuentes cercanas a Amazon, según declaraciones El País, expresan su inquietud por la falta de claridad en las regulaciones. Su proyecto en El Far d’Empordà no es un simple proyecto. Es el primer molino eólico que la empresa pondría en uno de sus centros de logística a nivel global. Con una altura de 126 metros y una potencia de 2,2 MW, la infraestructura aspira a satisfacer gran parte de las demandas energéticas del centro BCN4. Actualmente emplea a más de 1.700 individuos y pertenece a una red que agrupa a más de 8.000 empleados en Cataluña.

Además, Amazon ha hecho una petición reciente al municipio para obtener la licencia de obras para instalar el aerogenerador. Mientras, sigue instalando placas solares en tejados y estacionamientos, así como sistemas de almacenaje con baterías. Todos estos componentes fueron incluidos en el decreto inválido. Su proceso legal prometía proporcionar mayor protección legal a este tipo de proyectos privados de energías renovables.

Se critica desde el sector laboral y sectores relacionados con las compañías afectadas que no se llevara a cabo una negociación exhaustiva con Junts per Catalunya. Una agrupación que en ciertos entornos empresariales se ve favorable a este tipo de regulación. Por otro lado, ERC, que había acordado con el PSOE algunas transferencias fiscales para respaldar la investidura de Pedro Sánchez y la presidencia de Illa, ha retirado su apoyo al decreto después de que las conversaciones con el Gobierno central se habían enfriado en la reciente comisión bilateral.

El rechazo al decreto catalán ha activado las alertas en el sector de las energías renovables. Estos temen que el decreto estatal anti apagón pueda tener el mismo desenlace. La inseguridad política obstaculiza las inversiones fundamentales y sitúa a Cataluña en una posición de desventaja frente a otras regiones más progresistas.

Para Amazon, que ha invertido más de 5.000 millones en Cataluña, el bloqueo representa un impedimento imprevisto en su compromiso con un modelo logístico más sustentable. El plan del Empordà podría ser replicado en otros núcleos, aunque todo depende de la disposición política.

Esta no es la primera vez que enfrenta problemas en Cataluña

La Generalitat de Catalunya ha sancionado a Amazon con una multa de 2.451 euros por no informar adecuadamente a los sindicatos sobre el funcionamiento del algoritmo que monitoriza la productividad en su centro logístico de El Prat de Llobregat, donde trabajan más de 2.000 personas. Aunque la sanción es simbólica, marca un precedente legal: es la primera multa en España por incumplir la Ley Rider en relación a la transparencia algorítmica, según han confirmado la Generalitat, Amazon y Comisiones Obreras a El Diario y la Cadena Ser.

La Ley 12/2021 obliga a las empresas a comunicar a la representación sindical los criterios y parámetros que usan los sistemas automatizados que afectan a las condiciones laborales. Según CCOO, Amazon no solo omitió detallar cómo funciona el sistema, sino también su posible impacto, lo que podría “desincentivar a los trabajadores a ir al baño, sin prohibírselo”, según denunció Daniel Cruz, responsable de transición digital del sindicato. Amazon defiende que cumple con la normativa y ha recurrido la sanción por la vía judicial.