Las principales organizaciones de comercio de España quieren trasladar su profunda preocupación ante los cambios estructurales que planea el Gobierno en la Secretaría de Estado de Comercio, que dejará de estar concebida como hasta ahora desapareciendo de ella el comercio minorista y alertan de las nefastas consecuencias que esta medida podría tener en un sector estratégico para la economía como es el comercio.

Estos cambios, que previsiblemente se publicarán mediante un Real Decreto de Reestructuración de la Administración en los próximos días, pasan por dar más peso al comercio exterior, quedando el minorista relegado a la Dirección General de Política Económica, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. De este modo, las funciones de un órgano clave en la ordenación, la promoción y el fomento del sector comercial se verán diluidas en otros departamentos de economía. Una dispersión de funciones que plantea incertidumbres sobre la efectividad y coherencia de las políticas concernientes al sector comercial que se puedan adoptar.

Cabe señalar que la distribución comercial es un pilar fundamental de la economía española que aporta alrededor del 14% del PIB, siendo la segunda actividad económica que más contribuye además en términos de empleo después del sector público, con más de 3 millones de empleos, en torno al 20% del total. Se trata además de un sector tractor de primera magnitud de la economía nacional y desempeña una función social imprescindible para garantizar un acceso seguro, eficaz y eficiente de los consumidores a bienes de primera necesidad y de otros usos igual de importantes.

En vista de estos datos, resulta incomprensible que un sector tan estratégico como el comercio minorista vaya a quedarse sin una Dirección General y una Secretaría de Estado, como sí tienen otros sectores fundamentales como son industria y turismo, o como agricultura, que cuenta con su propio Ministerio.

Las organizaciones de comercio manifiestan una honda preocupación, ya que esto se traducirá en una pérdida de interlocución directa entre el sector comercial y la Administración en un momento, además, especialmente delicado para el sector, marcado por una enorme sobrecarga de carácter administrativo y altos sobrecostes.

Insistimos en que esta restructuración dejaría al comercio en una situación de mayor desconsideración, sin las herramientas necesarias para afrontar los numerosos retos actuales y futuros y la gran cantidad de normativa, incluida la que emana de Europa, y que requiere de una transposición a nivel nacional.

Por ello, exigimos al Ejecutivo que reconsidere esta decisión, en pro de seguir manteniendo un diálogo directo, abierto y efectivo con el sector que permita a ambas partes abordar los importantes desafíos que afronta el comercio en la actualidad.