El Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la lucha contra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Además, el acuerdo recoge mejoras en la protección de las infraestructuras críticas, a través del Cuerpo Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO).
El convenio, firmado por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, supone la unión de las capacidades en materia de ciberseguridad de las Secretarías de Estado firmantes, CNPIC,FCSE e INTECO.
En materia de lucha contra el ciberdelito y el ciberterrorismo, se multiplicarán las capacidades de detección, investigación y persecución del robo de información, el fraude electrónico, la suplantación de identidad, la pornografía infantil y pederastia. Maximizar la protección de las infraestructuras críticas y la eficacia de la respuesta a los incidentes que puedan afectarles, es también objeto de este acuerdo, en cuyo marco se desplegarán nuevas capacidades de detección y alerta temprana, se desarrollarán procedimientos y herramientas de seguridad específicas y se trabajará en la preparación del conjunto de los operadores de infraestructuras críticas y de los equipos de seguridad, tanto públicos como privados, mediante la realización de ciberejercicios periódicos que pongan a prueba la capacidad de reacción frente a incidentes de seguridad.
El grado de dependencia de nuestra sociedad respecto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) crece día a día, por lo que conocer las amenazas, gestionar los riesgos y darles una adecuada respuesta, resulta esencial. Estos aspectos son especialmente importantes en el ámbito de las infraestructuras críticas cada vez más dependientes de las nuevas tecnologías. Su correcto funcionamiento es indispensable para garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales que sostienen nuestra sociedad.
La creciente influencia de las TIC en la economía, en los servicios públicos y en la vida de todos los ciudadanos, hace que la estabilidad y prosperidad de España dependa en buena medida de la seguridad y confiabilidad del ciberespacio, cualidades que pueden verse comprometidas, entre otras causas, por agresiones deliberadas.
Al tiempo que crece la dependencia de las nuevas tecnologías e Internet, como generadores de competitividad y prosperidad, crece también la amenaza contra el entorno digital. La ciberdelincuencia y el ciberterrorismo pueden poner en graves dificultades a los servicios públicos y privados, a las infraestructuras críticas y a las actividades de las empresas y los ciudadanos.
Por tanto, es imprescindible y urgente trabajar en la mejora de los niveles de ciberseguridad en España proporcionando un marco adecuado para que nuestra sociedad se desarrolle adecuadamente en el ámbito digital aprovechando el potencial económico y social de las nuevas tecnologías e Internet.
