Meta, dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, ha sido condenada por un tribunal mercantil de Madrid a pagar 542 millones de euros a 87 agencias de noticias y medios digitales españoles por competencia desleal.
¿Qué reprocha la justicia a Meta?
De acuerdo con La Vanguardia, el tribunal considera que Meta logró una ventaja competitiva importante al manejar datos personales de usuarios sin una base legal válida entre 2018 y 2023, lo cual vulneró el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
De acuerdo con el fallo, Meta sustituyó en mayo de 2018 su base de consentimiento explícito por un supuesto requisito contractual para legitimar el uso de datos. Sin embargo, el juez ha determinado que esa justificación no era legalmente válida.
Gracias a esos datos, Meta fue capaz de ofrecer publicidad muy segmentada, algo que los medios españoles no podían igualar cumpliendo con las leyes de privacidad.
La cuantía de la condena
- Una parte significativa de los 479 millones de euros compensa directamente a los medios que han presentado la demanda.
- Asimismo, se suman 60 millones por intereses legales.
- También se retribuirá a la agencia Europa Press 2,5 millones y a Radio Blanca más de 14.000 millones.
Cálculo del daño
El juez utilizó un informe de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), para medir las pérdidas, el cual muestra el desequilibrio competitivo que Meta logró en el ámbito publicitario.
El tribunal también calculó que los ingresos de Meta en España entre 2018 y 2023 fueron de 5.281 millones de euros, una cantidad que el tribunal considera mínima. Esto significa que Meta pudo haber ingresado más, pero no presentó sus cuentas específicas en España.
Reacción y consecuencias
Meta ha anunciado que va a impugnar el fallo, al considerarlo «infundado» y afirmar que se ajusta a la normativa actual sobre datos. De acuerdo con la Asociación de Medios de Información (AMI), la resolución es un triunfo relevante para la sostenibilidad de los medios digitales. Como existen demandas análogas contra Meta en otros países, este fallo podría establecer un precedente significativo en Europa.
