En el marco de las negociaciones que se vienen produciendo con el objetivo de formar Gobierno, y más en concreto tras el análisis del reciente acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos, Adigital constata una serie de aspectos clave para el impulso de la economía digital en España. Estos aspectos, además, son coincidentes en los dos acuerdos de investidura, el de PSOE-Ciudadanos, alcanzado en febrero, y el que este 28 de agosto de 2016 han sellado PP y Ciudadanos, lo que demuestra que las tres formaciones políticas comparten planteamientos en el ámbito de la economía digital que, en cualquier caso, necesita un marco estratégico mucho más claro y definido. Además, hay que destacar que estos puntos reflejados en los acuerdos son aspectos que Adigital viene solicitando desde hace años públicamente al Gobierno y a los partidos políticos.

Startups, Financiación y Talento

El acuerdo recoge uno de los aspectos en los que Adigital ha venido reclamando cambios insistentemente en sus contactos con Gobiernos y partidos políticos: en el punto 25 PP y Ciudadanos acuerdan recuperar la deducción previa por la remuneración de stock options para las startups. Este compromiso también se recogía en la página 8 del acuerdo suscrito por PSOE y Ciudadanos. En este punto también se alude a la mejora de la “financiación pública de sectores estratégicos a través de la creación de fondos de inversión públicos de match-funding que conviertan con capital especializado (siguiendo el ejemplo del exitoso programa Yozma en Israel), mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, SEPIDES, etc.) y centrando los recursos en sectores de alta tecnología, especialmente en las etapas iniciales. Aún teniendo en cuenta la falta de concreción propia de un acuerdo de estas características es relevante que los tres partidos estén de acuerdo en un aspecto crítico para el impulso y crecimiento de empresas de base tecnológica en España.

En este punto también se fija el establecimiento de un “Programa de Fomento del Capital Semilla (inspirado en el SEIS británico) que favorezca el desarrollo de startups en España” que igualmente Adigital ha venido proponiendo públicamente. Otra de las medidas que Adigital ha reclamado en los últimos tiempos está relacionada con un modelo de financiación alternativa de las startups: el crowdfunding. En el acuerdo está reflejado de la siguiente manera: “impulsar el crowdfunding como método de financiación alternativa para los emprendedores y las startups. Se reformará la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial para eliminar el límite de captación de fondos por proyecto de financiación participativa, delimitar claramente las funciones que deben ejercer obligatoriamente las plataformas de financiación participativa, y establecer un Registro Público Estatal de Inversores Acreditados, dependiente de la CNMV, que libere a las plataformas de  financiación participativa de la obligación de acreditar la situación financiera y patrimonial de los inversores”.

Economía Digital

PP y Ciudadanos estiman clave, y así se recoge en el punto 27, “impulsar la economía digital trabajando tanto en la mejora de las infraestructuras necesarias como en el fomento de las industrias y servicios de contenidos digitales. Generalizar el uso de las redes avanzadas de comunicación (4G, banda ancha) en diversos ámbitos, impulsar la presencia de pymes en el comercio electrónico, mejorar la formación en competencias digitales de los estudiantes y los trabajadores y tomar medidas específicas para atraer emprendedores del mundo digital”. En este caso, el posicionamiento pierde relevancia por su evidente falta de concreción aunque es destacable la mención a la “Industria conectada” como un elemento a impulsar y desarrollar en España.

Autónomos

En el capítulo de apoyo a los autónomos, el acuerdo sellado por PP y Ciudadanos incluye en su punto 31 la creación de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados que estudie una reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA). Entre los términos de esa reforma, destacan dos que ha venido defendiendo Adigital desde hace tiempo: “Articular un sistema que permita que los autónomos cuyos ingresos reales no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional no tengan la obligación de cotizar y que reduzca las cargas administrativas, mejorando la capacidad de elección de las cotizaciones de todos los autónomos”. Y, en segundo lugar, “establecer fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial y para el que tenga vocación de no habitualidad o complementariedad económica”.

Economía colaborativa

Hay que destacar en este acuerdo el compromiso adquirido para impulsar la llamada economía social, para lo que es pertinente, a tenor de lo acordado, “eliminar las barreras de naturaleza legal, administrativa o burocrática que impiden o limitan el desarrollo de las empresas de economía social y reforzando la presencia de la economía social de manera que se reconozca su contribución a la generación de tejido empresarial y empleo”. Es evidente que la economía colaborativa, por la que Adigital viene trabajando a través de Sharing España, estaría incluida dentro del ámbito de la economía social y el impulso de ésta beneficiará a los nuevos modelos económicos basados en plataformas digitales.

Unidad de Mercado

El acuerdo aboga por “una aplicación efectiva de la Ley de garantía de la unidad de mercado, evitando la fragmentación del mercado interior que suponen ciertos obstáculos o restricciones legales existentes, tales como licencias, permisos o cualquier otra barrera de entrada y salida al mercado, mediante su armonización dentro del país y su eliminación cuando su existencia no estén estrictamente justificadas”. Si Europa tiene como eje central de su estrategia el desarrollo del Mercado Único Digital, resulta obvio que en España debería garantizarse un tratamiento igual, algo esencial para el desarrollo de los negocios digitales. A este respecto, consideramos fundamental que el futuro gobierno ataje la problemática de la falta de cumplimiento de la legislación nacional y supranacional en relación a la responsabilidad de las plataformas digitales, en contra de las cuales ciertas CCAA y autoridades locales están legislando y aplicando sanciones administrativas en contra de lo que establece la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, (Directiva sobre el comercio electrónico) así como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. De especial mención resulta en este sentido la problemática existente en torno a las plataformas de alojamientos turísticos.

El tratamiento diferenciado de las plataformas digitales y la falta de aplicación de la legislación nacional y supranacional relativa a su régimen especial de responsabilidad atenta directamente contra la garantía de unidad de mercado y origina una fragmentación del mercado en España.

Aun teniendo en cuenta que se trata de un acuerdo de denominadores comunes en el marco de una negociación complicada, en Adigital echamos en falta una verdadera apuesta por la economía digital como elemento central de la estrategia del próximo Gobierno, generadora de crecimiento y empleo, tal y como sucede en los países de nuestro entorno, donde esa importancia queda reflejada en la existencia de carteras ministeriales digitales o incorporadas a ámbitos transversales como Economía y Competitividad, como es el caso de Alemania, Francia, UK o la propia Comisión Europea, donde no uno sino dos Comisarios, Ansip y Oettinger, ostentan responsabilidades en el ámbito digital y la estrategia digital forma parte de las prioridades de la Comisión que preside Jean Claude Juncker.