El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo entre instituciones para reforzar la protección del consumidor en las compras online para equipararla al comercio tradicional, con nuevas normas que agilizarán la retirada de productos fraudulentos o peligrosos. Con 569 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, los eurodiputados avalaron el nuevo reglamento que alinea la directiva de seguridad general de productos existente con los últimos avances en digitalización y el auge de las compras online.

Según ha informado el Parlamento en un comunicado, para garantizar que ningún producto comercializado pueda poner en riesgo a los consumidores, «las evaluaciones de la seguridad de los productos incluidas en el Reglamento tienen en cuenta los peligros potenciales para los grupos más vulnerables, como los menores, así como consideraciones de género y de ciberseguridad».

Vigilancia del mercado y tiendas online

El Reglamento relativo a la seguridad general de los productos amplía las obligaciones para los operadores económicos, desde el fabricante hasta el importador pasando por el distribuidor. Además, refuerza las competencias de las autoridades encargadas de vigilar el mercado y establece nuevos requisitos para las plataformas de venta online. En concreto, estas plataformas deberán cooperar con las autoridades de vigilancia del mercado para neutralizar posibles riesgos. Por su parte, han apuntado desde el Parlamento, «las autoridades de vigilancia pueden exigir a los ecommerce que eliminen o bloqueen el acceso a productos peligrosos cuanto antes y, a más tardar, en un plazo de dos días hábiles».

Los productos procedentes de fuera de la UE solo podrán comercializarse si hay un operador económico establecido en la UE responsable de su seguridad.

Procedimientos de retirada eficientes

El nuevo reglamento mejora los procedimientos de retirada del mercado. Actualmente, la tasa de recuperación de productos se mantiene en niveles bajos. Más aún, un tercio de los consumidores sigue utilizando productos peligrosos a pesar de ver un aviso de recuperación.

Si se retira un producto de la venta, debe informarse a los consumidores directamente y ofrecérseles su reparación, sustitución o reembolso. Además, los consumidores podrán presentar reclamaciones o emprender acciones colectivas. La ley establece que la información sobre la seguridad de los productos y las opciones para obtener una compensación debe presentarse de «manera clara y fácil de entender». También está prevista la modernización del sistema de alerta rápida para productos peligrosos. El nuevo portal Safety Gate permitirá detectar con mayor eficacia los productos inseguros y ofrecerá un acceso más fácil a sus servicios a las personas con discapacidad.

«Gracias a esta norma vamos a proteger a los consumidores más vulnerables, sobre todo a los niños. En 2020, la mitad de los productos clasificados como peligrosos procedían de China. Con esta ley, damos un paso clave contra los que venden productos no seguros en Europa. Alguien debe hacerse responsable de cada producto que se comercializa en la UE. Los productos no seguros serán suprimidos de las web en dos días como máximo. Los consumidores serán informados por correo electrónico si han comprado un producto que no es seguro. Además, tendrán derecho a la reparación, la sustitución o la devolución en caso de retirada. Una vez que la ley sea de aplicación, habrá menos productos peligrosos en Europa», destacó la negociadora del reglamento por parte del Parlamento, Dita Charanzová.

Próximos pasos

Una vez que el Consejo de la UE dé luz verde formal al texto podrá ser publicado en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor 18 meses después.

En 2021, el 73% de los consumidores compró productos online (frente al 50% en 2014) y en 2020, el 21% pidió algo desde fuera de la Unión Europea (8% en 2014), según datos de las instituciones, que recuerdan que el 26% de las notificaciones de productos peligrosos en 2020 se referían a productos vendidos en línea, y al menos el 62% se referían a productos de fuera de la UE.

Según las proyecciones, las nuevas normas permitirán que los consumidores europeos se ahorren aproximadamente 1.000 millones de euros el primer año y un total de 5.500 millones a lo largo de la próxima década. Gracias a las nuevas medidas, se reducirá la presencia de productos inseguros en el mercado y, por ende, los daños y perjuicios para los consumidores que suponen los accidentes evitables que provocan estos productos (con un coste anual de 11.500 millones de euros en la actualidad), así como los costes sanitarios que acarrean (estimados en 6.700 millones de euros anuales).