La presión regulatoria sobre las grandes plataformas digitales en Europa continúa creciendo. La organización europea de consumidores BEUC y 29 organizaciones miembro de 27 países europeos han denunciado ante la Comisión Europea y otros organismos nacionales a Google, Meta y TikTok por no supervisar adecuadamente los anuncios sobre fraudes financieros que aparecen en sus plataformas.
A pesar de que el Digital Services Act ha establecido ciertas obligaciones, las empresas tecnológicas no están implementando medidas lo bastante efectivas para identificar y suprimir la publicidad engañosa asociada a ofertas fraudulentas de inversión, servicios financieros falsos o promesas irreales de rentabilidad.
Anuncios sospechosos
Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, las entidades que participaron en el estudio denunciaron alrededor de 900 anuncios que podrían vulnerar la legislación europea. Sin embargo, las plataformas eliminaron únicamente el 27% de los contenidos denunciados.
Asimismo, las organizaciones aseguran que el 52% de las denuncias fueron ignoradas o rechazadas, lo cual ha permitido que muchas campañas potencialmente fraudulentas sigan activas y puedan ocasionar pérdidas económicas importantes para los usuarios.
Entre los anuncios señalados aparecen supuestos servicios de asesoría financiera que prometían rentabilidad sin riesgo, plataformas de inversión con ganancias mensuales poco creíbles o productos sobre trading de opciones en los que se reducían los riesgos propios de este tipo de operaciones financieras complejas.
Las organizaciones piden sanciones y más control
Las organizaciones exigen ahora que los coordinadores nacionales y la Comisión Europea, encargados de implementar la Ley de Servicios Digitales analicen las acciones tomadas por Google, TikTok y Meta para luchar contra este tipo de publicidad.
Entre las medidas propuestas se incluyen la supervisión rigurosa de los productos financieros que se promocionan en redes sociales y plataformas digitales, la eliminación proactiva de anuncios casi iguales y la expulsión de anunciantes que vuelven a reincidir.
La denuncia representa un reto regulatorio adicional para las grandes empresas tecnológicas en Europa, donde la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) exige que las plataformas digitales de gran escala respondan con mayor celeridad a los contenidos ilegales o potencialmente perjudiciales para los usuarios.
