Los desafíos legales a los que se enfrentan las empresas para operar en el entorno digital

Eventos

13 mayo, 2016

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha acogido esta mañana el desayuno ‘Retos legales de la transformación digital’, una jornada que la asociación ha organizado en colaboración con el despacho de abogados Ecija. Alejandro Touriño, partner y head of Information Technology y Diego Pérez, abogado del área de Information Technology, han abordado las principales aspectos que influyen en la gestión de la transformación digital, así como las implicaciones legales de la digitalización y cómo este proceso está afectando actualmente a las empresas.

Durante su intervención, Alejandro Touriño, que ha desgranado uno por uno los elementos normativos más relevantes que afectan al contexto online, ha destacado que si algo queda evidente hoy es que las normas no siempre se han adaptado al mundo digital o no se han configurado para un entorno como el de Internet. En este sentido, Touriño ha resaltado que el primer gran conflicto con el que se encuentran las empresas son las diferentes jurisdicciones que operan en cada país. Las empresas han de asumir las obligaciones de aquellos países donde se instalan, independientemente del lugar de donde procedan y de la legislación que aplique, en muchas casos muy dispar. Así lo ha establecido recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Asimismo, se ha abordado con detalle las responsabilidades que pudieran tener las plataformas digitales sobre el contenido que se publica en ellas. A este respecto, Touriño ha asegurado que la legislación actual entiende que la plataforma no tiene por qué monitorizar el contenido, máxime cuando ella no ha participado en su elaboración o no tiene constancia de la ilegalidad del mismo. Otra cosa bien distinta es que la plataforma tenga “conocimiento efectivo de una infracción”. Es entonces cuando tienen que tomar la decisión de retirar el contenido infractor. En el marco de la economía colaborativa, este es precisamente uno de los puntos que se está discutiendo en la actualidad: hasta qué punto las empresas tienen que ser responsables de los contenidos que publican en sus portales los usuarios.

 

Usuario, prosumidor

Es una realidad que, con las nuevas tecnologías, el usuario se ha convertido en prosumidor: consume, pero también produce contenidos. Esta situación dificulta la gestión de la propiedad intelectual, sobre todo la de aquellos contenidos que se publican abiertamente en las redes sociales o en ciertas plataformas digitales. “Cuando un usuario publica un vídeo en YouTube, a priori tiene todo el derecho a hacerlo”, ha admitido Touriño, sin embargo, ¿en qué medida tienen los demás usuarios derecho a reutilizar esos contenidos?

Aunque muchos usuarios lo desconozcan, ciertas plataformas se hacen con sus derechos de propiedad intelectual al publicar un contenido en ellas. Eso es lo que permite al resto de usuarios replicar sus contenidos. “Los derechos de propiedad intelectual son vulnerados constantemente”, ha añadido el abogado.

Por otro lado, Diego Pérez se ha centrado en la problemática legal que presenta el big data. Las empresas, a la hora de recabar información sobre los usuarios, han de tener su consentimiento específico de forma previa. Estas leyes se han visto reforzadas por el acoso que determinados usuarios han sufrido pese a no haber solicitado determinada información. Ahora, si los usuarios no solicitan información comercial, las empresas lo van a tener que justificar.

No es el único caso en el que se necesita consentimiento previo por parte de los usuarios. “Las condiciones de uso y políticas de privacidad han de estar completamente accesibles en un lenguaje comprensible”, ha subrayado Pérez. Asimismo, hay que informar sobre el tipo de cookies que se utilizan.

Los modelos de negocio están cambiando, pero hay temas que siguen sin estar regulados. Ejemplo de ello es también la suplantación de identidad. “A nivel de usuario es muy fácil suplantar la identidad”, ha comentado Pérez. Es el motivo por el que el inicio de acciones legales no siempre soluciona el conflicto. En ese caso, Pérez recomienda dirigirse directamente a las plataformas digitales para que acaben con el problema.

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