Las restricciones a la venta en plataformas de comercio electrónico amenazan a las pymes españolas

Las prohibiciones que las marcas imponen a la venta de sus productos en plataformas de comercio electrónico (en inglés, platform bans) dificultan que las pymes españolas puedan llegar a una audiencia de 165 millones de consumidores.

Más de la mitad de las pequeñas empresas españolas que venden online (51%) se han visto afectadas por esta práctica, de acuerdo a un nuevo estudio de eBay. Concretamente, un 96% de los vendedores españoles reconoce haber notado un aumento de este fenómeno en comparación con hace tres años.

Un crecimiento de estas prohibiciones de venta tendría consecuencias significativas para las pequeñas empresas españolas, ya que el 82% de los vendedores online afirma que perdería hasta la mitad de sus ingresos si todas las marcas impusieran estas restricciones.

En el caso de que se les obligara a dejar de vender a través de plataformas online, los minoristas no podrían sobreponerse a las pérdidas en su negocio, ya que sólo el 2% de los vendedores recuperarían entre el 81% y el 100% de las ventas perdidas en marketplaces a través de sus tiendas físicas o su propia tienda online.

Según un análisis de Copenhagen Economics, si todas las marcas impusieran prohibiciones a las ventas en plataformas de comercio electrónico, se produciría un gran trastorno en el comercio minorista y los vendedores online dejarían de ingresar alrededor de 26.000 millones de euros en ventas online.

Los reguladores europeos de la competencia están estudiando actualmente esta práctica como parte de su investigación sobre el sector del comercio electrónico, que se publicará a principios de 2017.

«Las pequeñas y medianas empresas europeas son el motor del crecimiento económico, por lo que es vital que eliminemos las restricciones que impiden que sus negocios crezcan y tengan éxito», declara Paul Todd, Vicepresidente Senior de eBay en Europa.“Las prohibiciones a la venta online en plataformas permiten a las marcas mantener sus productos a precios artificialmente elevados, restringir las opciones de compra disponibles para el consumidor y, además, pueden infringir las normas de competencia de la UE. Creemos que el comercio electrónico debe estar abierto a todos y pedimos a la Comisión que intensifique sus medidas contra estas prácticas anticompetitivas», finaliza.

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