La patronal logística exige que Amazon cumpla la legislación española laboral y de transporte

LOGÍSTICA

27 junio, 2018

La Junta Directiva de la Organización Empresarial de Logística y Transporte, UNO, ha aprobado solicitar a las diferentes administraciones públicas que garanticen el cumplimiento del marco legal a todas las empresas que para su actividad realizan o subcontratan reparto de mercancías, también a las que dicen pertenecer a la llamada economía colaborativa porque, de lo contrario, “se estará permitiendo una flagrante competencia desleal que puede llevarse por delante muchos miles de puestos de trabajo con garantías que se han creado en nuestro país”.

En concreto, UNO pone el foco tanto en la normativa de transporte, como en la de carácter laboral. Los representantes de la logística y la paquetería muestran su preocupación por actuaciones que están llevando a cabo Amazon, a través de Amazon Flex, y también otras compañías, relacionadas con la flota de reparto utilizada para prestar los servicios de entrega de mercancías. Se refieren a las colas de vehículos particulares que se producen en las plataformas logísticas de estas empresas y que, según la normativa vigente, no son aptos para la realización de servicios de transporte de mercancías; así como de personas sin vinculación laboral con la empresa y que, además, tampoco están administrativamente autorizadas para la realización de dicho tipo de transporte.

UNO recuerda que el reparto de mercancías está claramente regulado en España, siendo necesario para facturar por la prestación de servicios de transporte “ser titular de una licencia o autorización que habilite para realizar el transporte”, tal y como indica el artículo 22 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Además, tanto el artículo 47 del reglamento de desarrollo de dicha ley (ROTT) como el Reglamento General de Vehículos definen el turismo como vehículo destinado al transporte de personas. Es cierto que el Reglamento de Circulación regula cómo se debe transportar la carga en un turismo, pero siempre entendida como enseres propios y particulares del titular del vehículo, no como transporte de mercancías de terceros, que es considerado un servicio público y para el que se requiere una autorización de transporte.

Por lo tanto, no es legal de ninguna forma hacer reparto en coches particulares. “No estamos a favor de precarizar esta actividad y de introducir la explotación laboral en el reparto de mercancías. Es más, si se permite este tipo de actuaciones a unas empresas queremos saber por qué a los demás se nos exige cumplir con la normativa favoreciendo un doble marco normativo que atenta a la libre competencia”, apuntan desde UNO.

Por otro lado, la patronal de logística y paquetería pone el foco en la normativa laboral que se exige a quienes participan en esas empresas, ya que toda prestación de servicios de transporte o mensajería realizada con habitualidad y en vehículo de menos de 2.000 kilos de Peso Máximo Autorizado (PMA) está legal y jurisprudencialmente considerada como laboral. Incluso, en algún reportaje se dice que se ha llegado a ver a menores en los vehículos, lo cual atentaría a la más básica recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa al trabajo infantil.

Estas prácticas, de confirmarse, podrían suponer no sólo un incumplimiento flagrante del marco legal, tanto administrativo como laboral, existente en España y que todas las empresas del sector están obligadas a cumplir, sino que también podrían significar prácticas anticompetitivas introducidas bajo la excusa de la llegada de la digitalización.

La organización empresarial de logística y transporte sostiene que “somos ya un sector digital, por lo tanto estamos a favor de la economía digital. De hecho, nuestras empresas hacen un uso intensivo de las nuevas tecnologías como motores de competitividad y eficiencia, pero eso no puede convertirse en una excusa para desregular el sector, precarizarlo y convertirlo en una selva”. La economía digital no puede basarse en recortar derechos a los trabajadores, mediante prácticas que todas las demás empresas están en condiciones de realizar pero que constituyen un claro fraude de ley. “Las empresas tenemos el reto de generar beneficios económicos, pero al mismo tiempo ser sostenibles desde el punto de vista laboral y medioambiental”, apuntan desde UNO.

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