Tras largas negociaciones, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea han acordado una ley sobre la cadena de suministro, según informa el medio alemán Spiegel. En consecuencia, las grandes compañías podrán ser sancionadas si, por ejemplo, «se benefician del trabajo infantil o forzoso fuera de la UE«.
De su lado, las empresas más grandes también deberán crear un plan para garantizar que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Asimismo, la ley establece que las empresas tendrán que rendir cuentas ante los tribunales europeos si se producen violaciones de los derechos humanos en sus cadenas de suministro. El acuerdo aún tiene que ser confirmado por el Parlamento y los Estados miembros.
Según el medio citado, René Repasi, profesor de derecho europeo y eurodiputado del SPD, ha declarado que «la ley responsabiliza a las empresas alemanas por el incumplimiento de su deber de diligencia«. Hasta ahora, esto ha sido excluido en la Ley de la Cadena de Suministro alemana. Por ejemplo, las empresas podrían ser consideradas responsables en virtud del derecho civil y se podrían hacer valer reclamaciones por daños y perjuicios.
Los políticos sindicales y los representantes empresariales han criticado las nuevas regulaciones, ya que temen «un exceso de burocracia para las empresas» y, por tanto, «una desventaja competitiva en comparación con las compañías de terceros países que no se ven afectadas por las normas«.