La economía colaborativa es un fenómeno en auge y a medida que coge fuerza surgen retos importantes en materia regulatoria. En el evento EEC (European Ecommerce Conference) celebrado el pasado miércoles en Bilbao, Maria Sobrino, subdirectora del sector ferroviario de la dirección de transporte de CNMC, Isidro González de Vega, corresponsal del departamento de relaciones institucionales y comunicación en OCU y Joseba Cortázar, director de comunicación en España y Portugal de HomeAway, debatieron sobre los retos regulatorios y las políticas públicas de este nuevo modelo tanto de consumo como de producción.

La primera reflexión que se planteó fue acerca del marco constitucional y la posibilidad de estar ante un vacío legislativo o la necesidad de una adaptación de las leyes actuales. Al respecto, Maria Sobrino subrayó que hay que hablar de una revisión de la legislatura existente: “Habrá regulación que se pueda usar y habrá regulación que necesite ser modificada”. Añadió, además, que esta es una asignatura pendiente de las instituciones públicas y que en algunos países se está haciendo un esfuerzo para acoger estos nuevos modelos mientras que en España “están implantando más restricciones”.

Por otra parte, está abierto el debate sobre la regulación horizontal (los trámites de fiscalidad). La ponente explica que en la economía colaborativa hay que agilizar los trámites para permitir que no constituyan una barrera de entrada a estos nuevos modelos.

Asimismo, se planteó si España está a tiempo de no perder el tren de la innovación y la posibilidad de ver Europa en términos de oportunidad, a lo que Joseba Cortázar alegó que la estrategia del mundo digital que se está desarrollando en la actualidad a nivel europeo es una oportunidad para la economía colaborativa española. Mostrándose conforme añadió que la Comisión Europea ratificó el pasado mes de octubre dar cabida a la economía colaborativa, integrándola dentro del marco jurídico existente además de evitar que se ponga freno a su desarrollo.

No obstante, hay que tener en cuenta también que se trata de un fenómeno global, por lo que necesita normas “claras y sobre todo homogéneas” para facilitar el desarrollo del sector. España debería por su parte apoyar la economía colaborativa y crear un espacio jurídico seguro que favorezca su desarrollo, no solo de las plataformas si no al sector entero.

Sentar las bases de la adaptación de la legislación

Otro tema que se puso sobre la mesa fue las bases de la adaptación de la legislación. Isidro González de Vega explicó que el consumidor debe beneficiarse del nuevo modelo económico pero que se debe tener en cuenta el efecto disyuntivo (mayor competencia, mejores precios, mejores servicios…) y desde el punto de vista regulatorio opina que se debe proteger el papel de las plataformas. Además considera que hay una necesidad de definir cuál será el papel real de las plataformas: “Hay que saber hasta dónde llega la responsabilidad de las plataformas, si es que la tienen y si todas deben tener la misma”. Las plataforma no deben ser “libres” ya que son intermediarios y la clave es regular la responsabilidad de estas sin “asfixiar” el modelo.  Por último, es fundamental que desde el punto de vista regulador se establezca claramente cuál es el papel de cada uno de los participantes, además de cuáles son sus derechos y obligaciones y quién responde en el caso de que alguna problemática. 

También se debatió sobre si el usuario está demandando más protección, a lo que Cortázar respondió que el consumidor “no está pidiendo nada que ya no tenga”. En su opinión sería buena una autorregulación, es decir, una protección adicional de usuario, no obligatoria pero sí beneficiosa y que demostraría la “madurez del modelo”. Isidro por su parte cree que la petición de los usuarios hoy en día gira en torno a la claridad, esto es, saber qué papel ocupan y cuáles son sus derechos. Por último, María Sobrino alega que el consumidor quiere tener la opción de elegir y la regulación actual no lo está “permitiendo del todo”.

El papel de los proveedores

El siguiente tema fue acerca de a los proveedores, y se planteó si hay una legalidad del autónomo suficientemente adaptada o si, al contrario, necesita mejoras. Al respecto, Isidro González de la Vega subrayó que no se le puede aplicar el mismo peso burocrático a una persona individual que a un profesional: “No tiene sentido que tenga que hacer los mismo trámites una persona individual que quiere participar, que una persona que tiene un negocio y se dedica a ello profesionalmente”. La representante de CNMC, por su parte, explicaba que hay que reducir las cargas y que tiene que ser un proceso más ágil por el “dinamismo del mercado y para facilitar la entrada a un particular”. El director de comunicación de Homeaway, dejando de lado lo de ser autónomo o no, argumentó que la sobre-regulación disminuye el acceso a la economía colaborativa. Explicó que si el usuario cumple con sus obligaciones fiscales no hay más que regular, es decir, simplemente hay que facilitar los medios para justificar ese ingreso que está haciendo el particular y que de este modo pueda hacer su aportación de modo horizontal.  

En cuanto a la labor de divulgación todos coinciden en que es una labor “imperiosa” tanto por parte de las plataformas como de los consumidores. El incremento del conocimiento de esta economía es una herramienta fundamental, pero no solo hay que hacerla hacia el legislador, sino también hacia el consumidor. Hay que educar a la gente en cuanto a las posibilidades y beneficios de utilizar la economía colaborativa para ayudar en su crecimiento.